El caso de Ginés González García, la prisión de Cristina Kirchner y la actual crisis sanitaria con medicamentos adulterados reabren una pregunta clave: ¿Cuándo un funcionario debe hacerse cargo políticamente de una tragedia?

El debate sobre la responsabilidad política de los funcionarios volvió a instalarse con fuerza. La tragedia sanitaria que se vive en Argentina por el fentanilo adulterado puso en contraste tres situaciones muy distintas, pero atravesadas por un mismo interrogante: ¿hasta dónde llega la obligación de un funcionario de responder por lo que ocurre bajo su gestión?

En febrero de 2021, el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, fue obligado a presentar su renuncia tras el escándalo del llamado Vacunatorio VIP. Se lo acusó de haber facilitado la vacunación anticipada de un pequeño grupo de dirigentes y allegados. La presión política y social terminó con su carrera pública: Murió deshonrado y humillado, pese a que fue el funcionario que en 2003 reorganizó el sistema sanitario junto a Néstor Kirchner y que habilitó la llegada de todas las vacunas durante la pandemia.

El caso contrasta con lo que ocurre hoy en Argentina, donde más de un centenar de pacientes fallecieron tras recibir medicamentos adulterados con fentanilo en instituciones de salud. Sin embargo, al actual ministro de salud de la Nación, Mario Lugones, apenas se le escuchó la voz. No hubo renuncias ni pedidos de explicaciones de la misma magnitud.

La comparación se amplía si se recuerda la situación de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en la causa de Vialidad con el argumento de que “no podía desconocer los hechos de corrupción en su gobierno siendo la titular del Poder Ejecutivo”. Esa premisa –la imposibilidad de desconocer lo que sucede bajo la órbita de un cargo máximo– parece diluirse en otras circunstancias.

La doble vara

El trasfondo es claro: la vara con la que se mide la responsabilidad política cambia según la coyuntura y los protagonistas. Mientras algunos dirigentes cargan con consecuencias inmediatas y fulminantes, otros atraviesan crisis graves sin asumir públicamente las responsabilidades.

La tragedia del fentanilo, con más de un centenar de víctimas, interpela de manera directa al gobierno nacional. Y abre un debate incómodo: si la justicia pudo sostener que Cristina “no podía desconocer”, ¿por qué el mismo razonamiento no se aplica a quienes hoy están al frente del gobierno y de la salud en la Argentina?

La política argentina parece estar atravesada por un principio de selectividad: algunos pagan con su cargo, su libertad y su reputación; otros continúan como si nada. En el medio, la sociedad, que asiste a estas contradicciones, queda con una pregunta pendiente: ¿Cuándo se hace cargo un funcionario de lo que pasa bajo su gestión?