La crisis de la empresa láctea La Verónica continúa profundizándose y este viernes los trabajadores volvieron a visibilizar su dramática situación. Durante una movilización, empleados de las plantas de Lehmann, Suardi y Clason reclamaron una respuesta urgente de la Justicia ante una realidad que ya lleva más de seis meses sin cobro de salarios y con la producción totalmente paralizada.

En diálogo con la prensa, uno de los trabajadores expresó que la situación «ya no da para más» y aseguró que el reclamo no está dirigido contra la política ni contra el gremio, sino que apunta a una intervención judicial inmediata.

«Comer es un derecho humano. Hace seis meses que no cobramos y estamos en un limbo porque la empresa no cierra, no activa y tampoco vende. Es abandono de persona», manifestó.

Según detallaron, desde mediados de enero no ingresa materia prima a las plantas, por lo que la producción permanece detenida. Sin embargo, los empleados continúan realizando guardias y tareas de mantenimiento para preservar las instalaciones.

Los trabajadores denunciaron además que existe un vaciamiento de la empresa y cuestionaron la falta de respuestas de los propietarios. «Estos tipos nos están robando la vida. No son distintos al que me roba una bicicleta», expresó con evidente indignación uno de los empleados.

Actualmente, unas 700 familias se encuentran afectadas por la crisis, aunque muchos trabajadores ya debieron buscar otras alternativas laborales, realizar changas o recurrir a préstamos familiares para subsistir.

Durante la jornada también se entregó un petitorio y se mantuvo una reunión con representantes gremiales. Desde el sector destacaron el acompañamiento de Atilra y de organismos provinciales, aunque remarcaron que la situación ya excede las instancias administrativas.

«El gremio y la política están haciendo lo que pueden dentro de los carriles legales. Ahora necesitamos que actúen los fiscales y los jueces. No queremos llegar a extremos ni hacer justicia por mano propia», señalaron.

En ese marco, reiteraron el pedido para que la Justicia avance con rapidez ante una situación que afecta no solo a los trabajadores, sino también al futuro productivo de las localidades donde funcionan las plantas.

«Nos vamos a seguir movilizando. Los derechos no se consiguen sentados en casa», concluyeron.