Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que el costo fiscal de la baja de retenciones al agro sería de entre el 0,23% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), un porcentaje equivalente al que demandaría financiar la ley de emergencia en discapacidad, actualmente frenada por el Gobierno.

Según los cálculos del IARAF, la eliminación total de los derechos de exportación para el complejo oleaginoso y cerealero hasta el 31 de octubre de 2025 implicaría una pérdida de recaudación de entre US$1.460 millones y US$1.600 millones, en caso de alcanzarse la liquidación de exportaciones de granos por US$7.000 millones.

El estudio planteó tres posibles escenarios:

• Con 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del de soja, la pérdida fiscal sería de US$1.600 millones (0,26% del PBI).

• Con 60% de maíz y 90% de soja, el costo rondaría los US$1.550 millones (0,24% del PBI).

• Con 80% de ambos cultivos, el impacto bajaría a US$1.460 millones (0,23% del PBI).

Paralelismo con discapacidad

La coincidencia radica en que el mismo 0,26% del PBI es el monto que demandaría financiar el aumento de las pensiones por discapacidad incluidas en la ley de emergencia ratificada por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno decidió no aplicarla hasta que se determine una partida presupuestaria específica.

De acuerdo a los cálculos oficiales, ese gasto rondaría los $2 billones, una cifra equivalente a lo que el Ejecutivo estaría dispuesto a resignar por la baja de retenciones al agro.

En perspectiva, si se toma como referencia la previsión original de liquidaciones, el costo fiscal de la medida se hubiera reducido al 0,15% del PBI, unos US$1.000 millones, lo que representa casi la mitad del superávit fiscal proyectado en el Presupuesto 2026 (0,3% del PBI).