El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una etapa de profunda reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, que puso en marcha un plan de retiros voluntarios con el objetivo de reducir la planta de personal del organismo.

La convocatoria, que finaliza este 10 de junio, busca concretar unas mil desvinculaciones en todo el país y genera preocupación entre trabajadores, profesionales y referentes del sector científico y productivo, quienes advierten sobre el impacto que la medida podría tener en la investigación y la extensión agropecuaria.

En la región, una de las situaciones más significativas se registra en la Agencia de Extensión Rural de Brinkmann, donde todo el personal técnico, incluida su jefa, la ingeniera Marcela Leiva, habría decidido adherirse al programa, lo que provocará el cierre de la dependencia.

En el caso del INTA Rafaela, fuentes vinculadas al organismo indicaron que entre 20 y 25 trabajadores con trayectoria dentro de la institución también habrían iniciado los trámites para acogerse al retiro voluntario. Si bien aún no existen datos oficiales, la situación genera incertidumbre sobre el futuro de varios equipos técnicos y líneas de trabajo.

Además del recorte de personal, desde distintos sectores cuestionan la falta de definiciones sobre el rumbo que tendrá el organismo y advierten sobre las dificultades presupuestarias que enfrentan las estaciones experimentales y las agencias de extensión para sostener sus actividades cotidianas.