Tras la aprobación del Régimen Rafaelino de Incentivo para Grandes Inversiones (RRIGI), el autor de la propuesta original, Bryan J. Mayer, expresó cuestionamientos sobre la versión finalmente sancionada por el Concejo Municipal.

Mayer señaló que existen diferencias sustanciales entre su iniciativa —denominada Régimen de Incentivo Municipal a las Inversiones (RIMI)— y la ordenanza aprobada. Según indicó, los cambios introducidos modifican aspectos clave como los requisitos de acceso, el alcance y la duración de los beneficios.

Entre los puntos destacados, el autor remarcó que el régimen vigente eleva significativamente los montos mínimos de inversión. Mientras que el proyecto original contemplaba un piso de 500 mil dólares para empresas locales, el esquema aprobado establece exigencias que oscilan entre los 2 y 10 millones de dólares.

En relación con el empleo, también se registran diferencias. La propuesta inicial requería la generación de al menos 15 puestos de trabajo para acceder al régimen, mientras que la ordenanza vigente fija un umbral de hasta 60 empleos, dependiendo de la escala del proyecto.

Otro aspecto señalado es la reducción en los beneficios fiscales. El RIMI proponía exenciones por un período de hasta 10 años —extensible a 12—, en tanto que el RRIGI establece beneficios por cinco años, con disminución progresiva posterior.

Mayer también hizo referencia al alcance del régimen. Según explicó, su iniciativa incluía herramientas complementarias, como acceso a suelo industrial, incentivos al empleo local y beneficios para empresas ya radicadas, además de contemplar la posibilidad de aplicar retroactividad a inversiones recientes. En contraste, sostuvo que la ordenanza aprobada se centra principalmente en aspectos impositivos.

En sus declaraciones, el dirigente consideró que las modificaciones introducidas podrían limitar el acceso de pequeñas y medianas empresas, así como reducir el atractivo del régimen para la generación de nuevas inversiones y empleo en la ciudad.

Por otra parte, valoró el espacio de diálogo institucional brindado durante el tratamiento del proyecto, especialmente por parte de algunos concejales, destacando la importancia de ese ámbito para el debate de políticas públicas.