Los concejales del bloque del Partido Justicialista —Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam— expresaron su preocupación por la falta de avances en la implementación de una auditoría externa a la gestión municipal, prevista por ordenanza desde el año 2019.

Uno de los ejes centrales planteados por los ediles es el gasto en comunicación institucional. Según explicaron, solicitaron revisar el uso de fondos públicos destinados a publicidad oficial, contratación de gráfica, producción de cartelería, folletos, impresiones en lona y pautas digitales. También pidieron conocer los criterios para pautar en redes sociales, los conceptos por los que se abona pauta y la nómina de proveedores vinculados a esas acciones.

“Es importante saber cómo se invierten los recursos públicos en la construcción del mensaje institucional. No se trata solo de comunicar, sino de hacerlo con criterios claros y transparentes”, expresaron.

Según detallaron, la normativa vigente (Ordenanza N.º 5097) faculta al Departamento Ejecutivo a contratar un servicio de auditoría externa independiente para controlar diversos aspectos de la administración pública, entre ellos el patrimonio, presupuesto, finanzas y gestión del municipio. Sin embargo, los ediles aseguran que, hasta el momento, no se han obtenido respuestas del Ejecutivo ni señales concretas de avance en ese sentido.

“El Intendente no pone como prioridad la transparencia en su gestión y eso lo demostramos con pruebas”, afirmaron en un comunicado conjunto, donde también señalaron la ausencia de la Subsecretaría de Auditoría en reuniones del Concejo.

En la misma línea, indicaron que a comienzos de este año elevaron propuestas para auditar diferentes áreas del municipio, pero no obtuvieron el aval correspondiente. Los temas propuestos para revisión incluyen programas como “Seguila 2024”, el funcionamiento de los carnavales, el programa Compromiso Urbano Sustentable, compras de moneda extranjera realizadas por el municipio, entre otros.

Desde el bloque justicialista manifestaron que insistirán en el cumplimiento de las normativas vigentes y reclamaron mayor apertura y acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos.