El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión en el cargo y el envío a juicio político del magistrado por presunto mal desempeño de sus funciones.

Walter Bento asumió al frente del juzgado federal N°1 de Mendoza con competencia electoral en septiembre de 2006, tras un concurso. El juzgado estaba vacante desde 2002 cuando el entonces juez federal Luis Leiva fue destituido, tras ser denunciado por el fallecido banquero Raúl Moneta, quién aseguró que ese magistrado le había pedido una coima.

Católico, hincha de Boca y coleccionista de búhos, Bento fue nombrado durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el aval del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón. En 2011 ordenó un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín. En aquel momento, la Corte Suprema anuló su intervención y Bento enfrentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que terminó desestimado, con el aval del kirchnerismo.

Ahora, su actuación volvió a quedar en la mira. En marzo del 2020, el fiscal General Dante Vega investigaba una causa por narcotráfico y se encontró con información que salpicaba al juez . De la pesquisa sobre los teléfonos surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado, ahora procesado. A eso se le sumaron las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien, se sospecha, habría actuado en nombre del magistrado.

Según el fallo dictado en Mendoza, Bento lideraba una organización ilícita en la que habría operado con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba­, junto con el fallecido Diego Aliaga, para llevar adelante un mecanismo delictivo mediante el cual se ofrecían beneficios procesales por el pago de dádivas.

A estos últimos, se le suman también los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba; Walter Eduardo Bardinella Donoso, que se presentaba como el contacto con el mundo criminal y proveedor de posibles “clientes”,­ y el comisario José Gabriel Moschetti, quien habría ofrecido un canal de información y cobertura en el ámbito policial­.

Entre los procesados por haber pagado para obtener beneficios hay acusados de contrabando y de narcotráfico, delitos de competencia en la justicia federal y en cuyas causas tuvo intervención Bento. De acuerdo a esa acusación, bajo el liderazgo de Bento, esas personas habrían desplegado maniobras para beneficiar ilícitamente a determinados imputados, previo pago de coimas.

Los bienes del juez fueron inhibidos y tiene un embargo por 327 millones de pesos que también recae en su esposa, Marta Boiza, quien también cuenta con una carrera judicial. La fiscalía sostiene que desde el 2010 la situación patrimonial del juez se incrementó notablemente: compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y realización de más de 200 viajes a distintas ciudades de Estados Unidos en una década. En las últimas horas se conocieron distintas fotos de sus viajes por Las Vegas en limusina.

El próximo 26 de julio comenzará a ser juzgado en un juicio oral. Afrontará la acusación de ser el jefe de una asociación ilícita que desde su juzgado cobraba coimas, a través de a acusados, en causas que él tenía a su cargo. También juzgadas otras 28 personas, entre ellas la esposa y dos hijos del magistrado.

“La fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito”, explicó el fiscal en su acusación.

Y luego del pago de los sobornos, el juez Bento dictaba las resoluciones: “La impunidad de hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha determinado en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave)”. Atento su función y el cargo ocupado, su rol se presenta como insustituible e imprescindible por cuanto el beneficio procesal que se otorgaría a cambio de dinero (u otros bienes) dependía de su voluntad y ejecución”, dijo el juez Eduardo Puigdéngolas, quien procesó y envió a juicio oral a Bento.

Fuente: Infobae