El último jueves, la Cámara de Diputados votó la adhesión de la provincia a la llamada Ley Lucio y a los pocos minutos hizo lo propio el Senado. No obstante la voluntad manifiesta de ambos cuerpos de sumar a Santa Fe a la nueva legislación que establece la capacitación obligatoria sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todos aquellos que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no hay aún ley provincial en la materia.

El caso más notorio fue el año pasado cuando en la misma tarde cada cámara aprobó el proyecto de ley para declarar municipio a la localidad de Monte Vera en el dpto La Capital. Debió luego terciar el Poder Ejecutivo para hacer realidad el deseo de las autoridades comunales y finalmente surgió la ley que le permite a esa localidad elegir este año su primer intendente e integrar su primer Concejo Municipal. Este año, ocurrió algo parecido con una norma para reformar la ley del notariado y evitar concursar a los escribanos adjuntos cuando el titular deja el registro por jubilación, muerte u otra decisión.

El último jueves, sobre tablas, y tomando como cabecera el proyecto de Lucila De Ponti (Evita), la Cámara aprobó un texto donde adhiere a la Ley Nacional 27709 de creación del plan federal de capacitación sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes. En el segundo artículo dispone «la realización en todo el territorio de la capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes destinado a todas las personas que se desempeñan en áreas y dependencias del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial conforme los principios rectores establecidos en el Artículo 5 de la Ley Nacional 27709». En el siguiente artículo dispone que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y en el restante invita a las municipalidades y comunas a adherir a la formación.

En el Senado, en tanto se aprobó sobre tablas otro expediente, el 48.733 JL, ingresado el 19 de abril, de adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.709 , la llamada Ley Lucio.

El texto pertenece al senador Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias), y fue aprobado por unanimidad sobre tablas, tras lo cual se comunicó ese mismo jueves a la Cámara de Diputados. Ya se sabía que la Cámara baja había dado media a otra iniciativa similar. Al presidente provisional del Senado le tocó conducir la sesión, con lo que desde el estrado expresó la importancia de que la provincia se sume a las política de prevención y capacitación contra la violencia sobre los niños y los adolescentes.

Mahmud, en el recinto de Diputados destacó que «es nuestro deber y responsabilidad legislar para erradicar toda forma de violencia contra nuestros niños e interpelar a todos los actores intervinientes en el sistema de protección de sus derechos. Lo que pasó con Lucio tiene que ser un antes y un después, no sólo desde la legislación vigente, sino por sobre todas las cosas desde la consciencia social que nos permita identificar, denunciar e intervenir en caso de vulneración de derechos».

La legisladora hizo un llamado a revertir datos que son verdaderamente alarmantes: «según la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante tercer trimestre de 2022, 3 de cada 10 personas afectadas por situaciones de violencia doméstica fueron niños y 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes afectados sufrieron violencia por parte de sus progenitores. Entendemos que la adhesión de nuestra provincia a esta Ley es urgente, necesitamos que aquellas personas que intervienen en los distintos niveles de atención de niños, niñas y adolescentes puedan acompañar los procesos de denuncia y asistencia de manera efectiva, garantizando la efectiva protección de sus derechos.»

Demora

La Cámara de Diputados aprobó -también sobre tablas- una declaración exponiendo la profunda preocupación por la falta de cobertura, desde mayo del 2022, del cargo de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes que funciona en la Defensoría del Pueblo. La figura de este Defensor está respaldada por dos leyes provinciales, necesita acuerdo legislativo y «se lo considera la figura fundamental en la defensa y protección de las infancias y las adolescencias» señaló Mahmud al cuestionar al Poder Ejecutivo por sus políticas de minoridad.

MC