“Queremos tener las mejores fuerzas de seguridad de la Argentina”, dijo el gobernador que concurrió esta mañana a realizarse en persona los análisis que se efectúan a los integrantes de la fuerza, como así también lo hizo el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. Los narcotests -cuyos resultados se conocen de inmediato- serán sorpresivos, periódicos y no anunciados, y alcanzarán a agentes policiales, personal del Servicio Penitenciario y funcionarios políticos. “No vamos a tener ningún funcionario que consuma sustancias ilegales”, remarcó el mandatario provincial.

Este martes, en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro participó del lanzamiento formal de los controles antidoping para integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales. El mismo mandatario se sometió a los controles -en presencia de medios de comunicación que estuvieron en la actividad-, cuyo resultado se conoce de inmediato, y en su caso arrojó resultado negativo en las sustancias que se miden: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

La medida se enmarca en el nuevo plan de fiscalización impulsado por esa cartera, que dispone la realización de narcotests sorpresivos, periódicos y no anunciados para policías, penitenciarios y autoridades políticas. La resolución fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, que también integra el padrón de personas sujetas a control y esta mañana realizó el suyo, también con resultados negativos.

Solo durante la mañana de hoy, se realizaron alrededor de 30 narcotest.
La implementación retoma una política que Pullaro ya había impulsado en 2017, cuando era ministro de Seguridad. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, subrayó.

“Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, añadió el mandatario, y puntualizó que el test combina diferentes reacciones químicas: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

Pullaro destacó que “actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

Erradicar el consumo de estupefacientes

Los estudios serán realizados por laboratorios externos; los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó Cococcioni. Los resultados quedarán a disposición de la autoridad correspondiente para adoptar las medidas que se determinen.

El funcionario aclaró que los controles son sorpresivos: “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”.

La iniciativa busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio. Además, se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro. Añadió que se trata de “una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad tendientes a preservar instituciones cuya misión es proteger a la sociedad y que deben exhibir transparencia activa”.