«Una medida que tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores», «un cambio directamente relacionado con la salud y la seguridad», pero también un primer paso para abordar, luego, el tema de la informalidad que afecta al 40 % de la población. Todas estas opiniones y muchas más se escucharon este martes en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se comenzaron a debatir, con la presencia de sindicatos, empresarios y referentes del gobierno, los siete proyectos de ley que establecen una reducción de la jornada laboral en la Argentina.

Hubo voces a favor pero también reparos, como los expresados por Julio Cordero, de la Unión Industrial Argentina que preguntó «¿Trabajar menos para qué?».

En debate

La del martes fue la primera de varias reuniones de las que participarán diferentes actores involucrados en esta temática: para la próxima está prevista la presencia de la CGT y de cámaras empresariales, tal cual anticipó la titular de la comisión Vanesa Siley (FdT). Mientras tanto, se presentaron siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo. La idea predominante en la comisión es unificarlos en un dictamen de consenso.

«Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales», señaló Siley, tal cual recoge el sitio especializado Parlamentario.com. Se trata de «modernizar y actualizar la legislación laboral, que dentro de cinco años cumpliría 100».

«Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral», expresó la legisladora.

Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que «hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada» y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia «era necesario sentarse y pensar en este derecho». «Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina», apuntó.

Al subrayar el aspecto clave de que «este avance no implique una reducción en el salario», la oficialista afirmó que «las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde».

Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, argumentó que reducir la jornada laboral contribuye «en la responsabilidad familiar compartida» entre hombres y mujeres, al tiempo que consideró que «la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región».

Otras voces

Como en todo debate, también hubo voces en contra: Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó: «Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales».

En tanto, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas «7 de Julio», expresó: «Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable», concluyó.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que «veo que los países de mayor índice Gini (coeficiente que mide las desigualdades en los ingresos) que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca», y afirmó que «no es un tema ideológico, porque lo discute la derecha inglesa».

La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. «La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas», precisó. En tanto, postuló que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, sino una negociación mediante acuerdos, no debe ser «una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición», no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque «no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales».

Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar «a favor de la reducción», y explicó que «los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir».

Sin embargo, propuso que «se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada». «No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos», señaló.

El ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (FdT), agregó: «Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos», pero aclaró: «Celebro que trabajemos ordenadamente».

La postura oficial

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel «Kelly» Olmos, adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas «se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad», y que a partir de fijar ese máximo de horas «fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector».

La funcionaria señaló que «si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social».

En el mundo

La reducción de la jornada laboral no se debate solo de Argentina; hay legislación vigente y proyectos en discusión en otros países. Algunas de esas experiencias fueron consideradas el martes en la reunión de comisión de Legislación Laboral de Diputados.

Fue su titular, Vanesa Siley (FdT), quien explicó que en México hubo dictamen de comisión de la Cámara de Diputados; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador se redujo a 40 horas en el año 1983.

En Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo «solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días».

Qué dicen los 7 proyectos

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo corresponde al líder de la CTA, Hugo Yasky. Propone una semana laboral de cuatro días, que no podrá exceder las 8 horas diarias o 40 semanales.

El impulsado por la dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea establece un día laboral de un máximo de 6 horas (o 7, pero de lunes a viernes), y un tope de 36 semanales.

El secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, plantea jornadas de 6 horas diarias o 36 semanales, con la posibilidad de distribuirse en seis días. El proyecto coincide con otro propuesto por la diputada oficialista Mónica Litza.

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) propone que la jornada sea de un máximo 36 horas semanales, que se podrán distribuir en seis o cuatro días, en ese último caso si se trabaja en jornadas de 7 horas y media.

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, pone en su proyecto topes de 6 horas diarias o 30 semanales, por lo que la distribución establecida sería de 6 horas diarias en cinco días.

Enrique Estévez, del Partido Socialista, pide un máximo de 36 horas semanales con 8 horas diarias de trabajo máximas, permitiendo las distintas distribuciones horarias en la jornada: 6 horas en 6 días, 7 horas en 5 días o 8 horas en 4 días.