Rechazo ruralista a la cuarta edición de un dólar diferencial
«Es necesario que se arroje claridad sobre si se pretenden soluciones económicas y sociales para el país, o solamente se trata de una posición de cara a las próximas elecciones», sostiene Carsfe.
«Al igual que en anteriores situaciones de intervención de los mercados, denominados dólar soja o dólar agro, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe rechaza las medidas asumidas por el Gobierno nacional por considerarlas especulativas, distorsivas y de corto plazo».
La entidad que preside Sara Gardiol respondió así a la cuarta edición del denominado dólar agro, que dispone un tipo de cambio diferencial de $340 hasta el 31 de agosto próximo en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que se formalizó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
«La intervención de los mercados -asegura Carsfe- genera deformación en los precios, y obviamente, deformación de base en los costos, y tiene solamente un propósito recaudatorio por parte del estado nacional. El maíz, específicamente (cultivo que fue severamente afectado por la sequía y tuvo una magra cosecha), es muy utilizado como insumo en otras actividades agropecuarias. Es fundamental en la producción avícola y porcina, y un recurso muy significativo en la producción de carne y de leche. Por lo tanto, el aumento artificial del precio del maíz afectará los costos de producción y eso se verá reflejado en los precios que pagarán los consumidores argentinos en el corto plazo».
Añade la entidad rural santafesina que «las disposiciones del gobierno no son ni una política de largo plazo ni constituyen un programa que genere soluciones a los problemas que tiene el sector agropecuario, ni tampoco beneficia a ninguna cadena productiva; probablemente solo generará algún ingreso de dinero que le sirva al Gobierno para presentar ante el Fondo Monetario Internacional».
«Se insiste en buscar soluciones en un sector de la economía nacional pero no se trabaja sobre el equilibrio fiscal, que es el verdadero problema de la economía nacional. Destacamos que se trata de una medida que tiene un plazo de 31 días, lo cual implica que es una medida circunstancial y no conduce a solucionar ningún problema de fondo del país».
Por último sostiene el comunicado de Carsfe que «es necesario que se arroje claridad sobre si se pretenden soluciones económicas y sociales para el país, o solamente se trata de una posición de cara a las próximas elecciones».
IH
Fuente: El Litoral
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