En una asamblea de delegados celebrada esta mañana, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela (SEOM) anunció su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo miércoles 24 de enero. La decisión también incluye sumarse a la medida de fuerza de 24 horas impulsada por la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), comenzando a la medianoche del mismo día.

La protesta surge como respuesta al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei, consideradas como amenazas a los derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores. La normativa en cuestión ha sido criticada por su impacto negativo en el derecho de huelga y diversas irregularidades en las leyes laborales. Además, se denuncian peligrosos avances que afectan la estabilidad de los empleados públicos, así como cuestiones relacionadas con pensiones, fondos y obras sociales.

El paro cuenta con la participación de trabajadores municipales de Rafaela y otras localidades de la jurisdicción del SEOM, abarcando delegados de Rafaela, Esperanza, San Vicente, y los 46 municipios que integran el territorio del sindicato.

El secretario general de SEOM, Darío Cocco, destacó que la adhesión implica la no concurrencia a los lugares de trabajo, manteniendo guardias mínimas. Además, se planea la participación en las movilizaciones tanto en Buenos Aires como en Rafaela, en caso de que se confirme una concentración por parte de los gremios locales.

Como consecuencia del paro, la Municipalidad de Rafaela y sus dependencias permanecerán cerradas el miércoles. No habrá atención al público, cierre de edificios municipales, suspensión de la recolección domiciliaria de residuos y exención del cobro de estacionamiento en el macrocentro.

Los motivos que llevaron a la decisión de paro incluyen la preocupación por los bajos contratos, la pérdida de poder adquisitivo salarial frente a la inflación y devaluación, así como los temidos avances contra la estabilidad de los empleados públicos. Ante este escenario, se anticipa la convocatoria de la Junta Territorial para abordar la necesidad de reponer salarios frente al índice inflacionario.