La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó esta semana una medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que la Secretaría de Cambio Climático de la Nación suspenda las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera (offshore) en todo el Mar Argentino hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publiqué una evaluación ambiental estratégica (EAE).

La presentación se realizó ante la necesidad de detener la avanzada petrolera en el Mar Argentino.

«Hoy en día se están realizando exploraciones y explotaciones offshore con estudios ambientales incompletos y sin contemplar tanto los daños irreversibles y permanentes que se ocasionarán al ecosistema marino como los compromisos climáticos asumidos por el país», advirtió la fundación.

La medida cautelar, «que busca proteger la biodiversidad marina y enfrentar la crisis climática», tiene como objetivo que el gobierno nacional se abstenga de otorgar permisos de exploración sísmica y de explotación hidrocarburífera costa afuera, emitir declaraciones y aprobar estudios o evaluaciones de impacto ambiental. También de autorizar prospecciones sísmicas o de explotación hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) que contemple también las alternativas energéticas y los costos y beneficios en el marco de una transición justa.

Además, la medida cautelar implica la detención inmediata de los proyectos de exploración y explotación ya autorizados, como el proyecto “Fénix en Cuenca Marina Austral (CMA-1)”, y el “Argerich-1 Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”.

Durante las audiencias públicas de los años 2021, 2022 y 2023, en las que se debatieron los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos offshore, FARN exigió la elaboración y publicación de una EAE frente a las políticas extractivas en el mar argentino en abierta oposición con compromisos climáticos internacionales.

La EAE es un estudio que permite analizar los impactos ambientales de programas y proyectos en diálogo con los objetivos estratégicos y compromisos climáticos internacionales asumidos por el país. Esta evaluación contempla, entre otros puntos, la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la diversificación de la matriz energética.

FARN indicó que las declaraciones y autorizaciones ambientales favorables a estos proyectos de exploración y explotación por parte de la Secretaría de Cambio Climático de la Nación «vulneran el principio de no regresión establecido en el Acuerdo de Escazú y violan las leyes 23.094 -que declaró monumento natural nacional a la ballena franca austral- y 22.351 -que estableció la protección absoluta e inviolabilidad de los monumentos naturales».

«Es indispensable que, hasta tanto sean presentadas la evaluación ambiental estratégica y las evaluaciones de impactos acumulativos y climáticos, estos proyectos deben suspenderse y detenerse de forma inmediata», concluyó el comunicado la fundación.