Como el refrán, «la suerte es loca y a cualquiera le toca», en Rafaela el delito es una «ruleta que le toca a cualquiera». 

La semana pasada, desde el Ejecutivo local anunciaron que la Guardia Urbana Rafaelina dejaría de atender accidentes de tránsito para enfocarse puntualmente en la tarea para la que fue creada. En ese momento, un portal web expresaba, textualmente, que la decisión buscaba «dar una vuelta de timón y profundizar las estrategias de prevención para contrarrestar la creciente ola de inseguridad» y que «en un contexto donde los recursos no abundan, la administración de Leonardo Viotti decidió optimizar los que tiene  y devolver a la GUR a la función para la que fue creada: prevención de ilícitos.»

A las claras, esto es una decisión acertada en un momento de inseguridad que está lejos del deseado y lo prometido en campaña. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo local, que enfocó la mayor parte de la campaña electoral en mirar hacia la inseguridad y en prometer la decisión política de combatirla, lo inseguridad sigue encontrando maneras de evolucionar, y se instala como moneda corriente en una ciudad que todavía tiene «alma de pueblo». 

Cierto es que los esfuerzos en conjunto con Provincia existen, que las reuniones con distintos sectores como el CCIRR y la Sociedad Rural, existe, y que la preocupación por parte del intendente sigue siendo de importancia en su agenda diaria. Pero parece que no alcanza. 

El «robo piraña», el «chiquitaje» -como se usa en la jerga extraoficial- siguen teniendo a los vecinos en vilo. Nadie está exento, nadie está a salvo. 

Como si de otras épocas de la ciudad habláramos, los delincuentes no tienen frenos: desde este medio informamos sobre robos a jubilados, robos en pleno centro, robos adentro de comercios, robos en escuelas. Los antiguos «códigos» no existen para una población delictiva que escala en problemas de adicción a drogas y que busca «los que pueda llevarse en la mano» para contener a ese monstruo que es «la falopa». 

Hace pocos días, desde este medio también dimos cuenta de un robo en un local céntrico, de un rubro que a cualquiera le extrañaría que sea objeto de robos: en calle Saavedra, el titular del comercio pidió no mediatizar la situación «para que no vean que es un lugar donde pueden robar». Algo DE LOCOS: un vecino, comerciante, que paga sus cuentas, que abona un «DRI» (derecho de registro de inspección) por estar en el centro, que pagan exorbitantes sumas de dinero por los alquileres, se encontraba indefenso, absorto y con temor.
¿Cómo llegamos a esto?

Sin dudas, y le pese a quien le pese, esta escalada delictiva no es de hoy, ni de esta semana, ni de los últimos meses. El delito en Rafaela crece y desde hace años. 
Podemos coincidir en algo: por lo menos no nos matan. 

Pero, ¿hasta cuando? 

En esta época donde el discurso institucional es recaer en el facilismo retórico de «no hay plata», las autoridades deben comprender que de este lado, del de la ciudadanía, del lado del comerciante, del empresario pyme, del emprendedor, tampoco la hay, pero mucho más marcado, ya «no hay paciencia». Es una olla a punto de reventar.
Y de esa manera, pensar en una imagen donde -como en tantas otras ciudades ha pasado- un vecino tome justicia por mano propia y tengamos que lamentarnos, no parece un escenario imposible.
Todo remite a la herida que aún está abierta: Gonzalo, el joven que en 2019 quiso hacer lo suyo con unos delincuentes que habían llevado adelante una estafa en el Parque Eucaliptos, y terminó en un accidente que se cobraría su vida, mientras los delincuentes lo golpeaban en el piso y escapaban como si nada.

¿Una cuestión de recursos, entonces?

La seguridad es una responsabilidad de quienes elegimos para cuidarnos: la prevención por parte del Ejecutivo local (GUR) y provincial (Policía), y el correcto tratamiento de los detenidos por parte de los jueces y fiscales. Incluso con un expreso pedido a legisladores (senadores y diputados) para que traten rápidamente la modificación del Código Penal.
Pero Rafaela necesita respuestas AHORA. No podemos quedarnos satisfechos aplaudiendo que «por lo menos no nos matan», no podemos naturalizar que «nos robaron pocas cosas»: hay que cortar el delito, hay que abordar desde el Estado la prevención y hay que repensar cuales son las penas por seguir viviendo y operando al margen de la ley. 
Campañas de salud, prevención y abordaje de adicciones, campañas de alimentos: en una realidad en donde los privados están retrayendo su actividad y los puestos de trabajo no abundan, es vital que el Estado, en todas sus esferas, atienda lo indispensable. Y es vital, que las fuerzas policiales, de investigación y las locales de prevención, actúen y puedan trabajar en esta «zona caliente». 
Pero, ¿tienen los recursos necesarios? ¿se invirtió durante los ultimos años lo necesario para contener y prevenir el delito? y por otra parte, ¿se escuchan los reclamos del Ejecutivo pidiendo más personal y agentes, mejores recursos y el concurso urgente de los Fiscales que faltan en Rafaela para optimizar las investigaciones de los delitos consumados?.

La Fiscalía local NECESITA más fiscales, más recursos para investigar, más margen para poder privar de su libertad a quienes incurren en los famosos «delitos menores».
La Policía local NECESITA más agentes a disposición, más móviles para patrullar la ciudad.
Para el caso, no es Rosario la única ciudad con problemas de inseguridad y delito. También acá lo sufrimos, con sus características propias.

Pero… nos volvemos a preguntar: ¿Hasta cuando?
Estamos cansados de agradecer, que «por lo menos, no nos matan».