Los precandidatos que plantean bajar la edad de imputabilidad
El tema volvió a instalarse en el debate público tras el asesinato de Morena en Lanús, aunque finalmente se descartó que el sospechoso fuera un menor. En Santa Fe espera aprobación el Código Procesal Juvenil.
El crimen de la nena Morena Domínguez, de once años y vecina del partido bonaerense de Lanús, volvió a poner en el centro de la escena la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ya que circuló la versión (luego descartada) de que había sido detenido un chico de 14 años.
La cuestión es un tema recurrente, a partir de la participación en estos hechos de menores considerados inimputables. Mientras tanto, en la provincia no se adecuó todavía el procedimiento judicial aplicable a los acusados de entre 16 y 18 años.
A pocas horas de las PASO del domingo, la campaña electoral, que hasta ahora se había centrado en las propuestas económicas y el abordaje de la crisis, viró bruscamente hacia la cuestión de la seguridad que, pese a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad, no ocupó un lugar prioritario en la agenda de los precandidatos. Todo cambió este miércoles como consecuencia de la conmoción que generó el asesinato de la nena a manos de dos motochorros, que no sólo provocó la suspensión de los cierres de los actos de campaña, sino que interpeló de manera directa a la dirigencia política y reavivó un debate recurrente que oscila entre el exceso de «garantismo» y la llamada «mano dura». Y que también abarca la discusión sobre el punto de inicio de la aplicabilidad de sanciones penales.
Qué opinan
La edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que establece que «no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación».
A pocas horas de las PASO del domingo, la campaña electoral, que hasta ahora se había centrado en las propuestas económicas y el abordaje de la crisis, viró bruscamente hacia la cuestión de la seguridad que, pese a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad, no ocupó un lugar prioritario en la agenda de los precandidatos. Todo cambió este miércoles como consecuencia de la conmoción que generó el asesinato de la nena a manos de dos motochorros, que no sólo provocó la suspensión de los cierres de los actos de campaña, sino que interpeló de manera directa a la dirigencia política y reavivó un debate recurrente que oscila entre el exceso de «garantismo» y la llamada «mano dura». Y que también abarca la discusión sobre el punto de inicio de la aplicabilidad de sanciones penales.
Qué opinan
La edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que establece que «no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación».
En ese contexto, algunos precandidatos presidenciales, tanto en la oposición como en el oficialismo, coinciden en que esa edad debe bajarse a 14.
Los postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no tienen grieta en este punto y señalan que la edad de imputabilidad en la Argentina debe bajarse.
«Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos», afirmó el jefe de Gobierno porteño semanas atrás, al presentar sus propuestas en materia de seguridad.
El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia una plataforma electoral que también contiene la baja de la edad para que un menor pueda ser imputable.
En Unión por la Patria, el ministro de Economía y postulante presidencial, Sergio Massa, considera que tiene que haber un nuevo régimen para juzgar a los menores, una postura que choca con la que tienen otros integrantes del oficialismo, pero que mantiene desde hace varios años.
«Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil», consideró Massa en declaraciones a la prensa luego del crimen de la nena en Lanús cuando iba a la escuela y fue atacada por dos motochorros.
Bajar la edad de imputabilidad fue una de las banderas de Massa al constituir el Frente Renovador en 2013.
Al respecto, el precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi pidió «debatir en un marco de mayor serenidad» cualquier cambio a la edad de imputabilidad. Aunque aclaró que en el hecho en cuestión no hubo menores involucrados, el jefe de Gabinete se refirió a los planteos de la oposición para avanzar en ese sentido.
En declaraciones radiales, el santafesino subrayó que «para ser serios y responsables hay que debatir cualquier tipo de estas normativas en un marco de mayor serenidad y no en un marco de estas características».
En ese sentido, Rossi destacó que la discusión al respecto debe ser «poniendo sobre la mesa una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta», entre las que mencionó que la cantidad de homicidios cometidos por menores de 16 años es «mínima» en relación con el número total de crímenes.
Código Juvenil
En Santa Fe, y luego de varios intentos fallido, espera turno para su tratamiento el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil remitido por el Poder Ejecutivo, que presenta como novedad, entre otras, la realización de juicios orales y la creación de la figura del querellante, similar a lo que ocurre en el sistema penal para mayores.
Naturalmente, no incurre en una modificación de la edad de imputabilidad (ya que ello es prerrogativa del Congreso nacional y de la normativa penal de fondo), pero sí apunta a regular las cuestiones procesales para adolescentes de entre 16 y 18 años.
La provincia modificó su Código Procesal Penal a fines de 2007 y empezó a aplicarse en 2014, pasando del modelo inquisitivo al acusatorio, con la incorporación del juicio oral y la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa, la introducción de la figura del querellante y los derechos de las víctimas.
Pero esto atañe a los mayores de 18 años. Los menores de entre 16 y 18 están en una situación algo difusa, ya que la Legislatura no sancionó un Código Procesal para ese sector y por lo tanto no tienen el mismo camino judicial que los mayores, por más que el procedimiento tiene serias objeciones constitucionales.
El mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia está siendo tratado en forma conjunta por representantes de Senado y de Diputados, aunque el acuerdo no termina de cerrar y se dilata la llegada al recinto, que ya estaba prevista para el período extraordinario en el mes de febrero. En años anteriores, ambas cámaras votaron proyectos propios sobre la materia, que no prosperaron en el otro cuerpo y por ende no llegaron a convertirse en ley.
Qué dice el régimen actual
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, esta edad se estableció en los 14 años, aunque en 1983 fue elevado a 16. Es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.
Por otro lado, están los menores de 16 años. En la legislación actual, éstos no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad ante un delito. «La ley tiene una trampa -explicó la ex asesora general de menores de la Ciudad, Laura Musa, en una nota publicada por el sitio Chequeado. Dice que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario». Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad en la Argentina sin que hayan tenido un juicio previo.
Deja una respuesta