La ordenanza fue sancionada en el año 2022, y debía tener una duración de 6 meses, que fue prorrogada durante el 2023. Ahora el bloque justicialista busca volver a las licitaciones.

En un comunicado de prensa, los concejales «no oficialistas» del bloque justicialista expresaron que «mañana los Concejales deciden si continúan o no las compras millonarias sin licitación»
Desde la oposición, señalan que «el Intendente aprovecha la prórroga de una ordenanza aprobada en un contexto de crisis económica que establecía excepciones para realizar compras millonarias sin realizar licitaciones públicas, como lo establece la ley de municipios.»

En este sentido, el bloque no oficialista presentó un proyecto para «poner fin a la posibilidad que el Intendente Municipal decida la compra de insumos y servicios por montos millonarios, sin realizar los pasos administrativos correspondientes que establece la Ley Provincial Nª 2.756.»

Actualmente, el ejecutivo tiene la potestad para realizar estas compras debido a que, en el año 2022, se creó una ordenanza para poder avanzar en las compras rápidamente y no quedar «enganchados» en el espiral inflacionario de precios o el desabastecimiento de insumos que se vivía en ese momento. La misma fue prorrogada en distintas oportunidades -bajo la misma fundamentación que dió origen a la ordenza- y en la última prorroga, expresada en la ordenanza n° 5549, se dispuso el fin de la misma para diciembre del 2024.

El bloque justicialista señala que los ejemplos de lo que está sucediendo en otras localidades son claros. Martín Racca expresó que “no puede ser que comunas vecinas con estructuras administrativas muy chicas lleven a cabo licitaciones por montos de 20 o 50 millones de pesos y en Rafaela el Intendente Viotti quiera gastar 600 millones en luces LED decidiendo la compra sin hacerlo, por poner un ejemplo”

Actualmente, las adquisiciones que superan los 12,5 millones de pesos deben llevarse a cabo mediante licitación pública, proceso que asegura la publicación, transparencia y participación de mayor cantidad de oferentes.
“Esto busca recuperar la transparencia y la integridad en la gestión pública. La Ordenanza Nº 5.357 creó un régimen que debía ser temporal, para atravesar un proceso particular de alta inflación y riesgo de desabastecimiento de algunos productos. Hoy ya no están esas condiciones, aunque igualmente proponemos mantener la excepción para la compra de alimentos, insumos informáticos y elementos de seguridad”, expresó Caruso.

Para los concejales opositores, este régimen va en sentido contrario con la nota publicada días atrás, en la cual el gobernador Pullaro participó de una ronda de negocios con empresas santafesinas para sumarlas como proveedores del Estado, incentivando la transparencia y participación de las mismas en los procesos licitatorios que lleva adelante el Ejecutivo provincial. En la misma se brindó información, asesoró a las empresas y trató de facilitarles los trámites que les permitan participar en las mismas.