Las políticas comerciales de la Empresa Provincial de la Energía no van a cambiar, al menos en el corto plazo, según confirmó a El Litoral una alta fuente de esa compañía estatal, ante una consulta respecto de la posibilidad de que se cree un nuevo esquema de pago en cuotas.

Tras una serie de análisis internos, la EPE optó por no abrir esa chance para el pago regular de las facturas y en cambio mantener sus convenios para aquellos clientes que no pudieron pagar a tiempo sus boletas. La misma fuente subrayó que esos planes son más económicos desde el punto de vista de la financiación para los usuarios residenciales, en especial, los casos sociales y los jubilados, con hasta 24 cuotas.

La decisión de la EPE contrasta con la de otras dos empresas distribuidoras de la Región Centro, que también están en manos de los gobiernos provinciales. En Córdoba se inició el plan de tres pagos para morigerar los impactos de dos decisiones tomadas por el gobierno nacional, que encarecen la energía eléctrica en todo el país: por una parte la quita de los subsidios a los sectores medios en la segmentación tarifaria y por otro, la actualización del precio del kilovatio en generación y transporte a nivel mayorista.

Luego, en Entre Ríos se adoptó una decisión similar, con idéntico mecanismo: un sistema de préstamos por parte del banco que actúa como agente financiero oficial del Estado entrerriano (en Córdoba, BanCor pertenece a la banca pública provincial).

A todo esto, a las decisiones de los demás integrantes de la RC también se sumaron otros dos estados provinciales ubicados en los extremos geográficos del país: Misiones primero y Tierra del Fuego luego, se anotaron en esas políticas de financiación para un servicio de fuerte componente estacional. Por el calor en un caso, por el frío en el otro.

Santa Fe parece haber optado por confiar en la aún solvente economía de la mayoría de sus usuarios residenciales y en su tradicional criterio de no cortar la luz a quienes se acerquen a las oficinas comerciales de la EPE a financiar sus boletas ya vencidas. Esta última cuestión es clave: los días que se tomaron las autoridades de la compañía santafesina para tomar su decisión se apoya en los datos que acerca un indicador: la tasa de morosidad que hasta ahora no se mantiene casi constante, con un leve incremento que se considera «marginal».

Es en rigor esa posibilidad (la de que se cree una corriente imparable de no pago) la que también precipitó las decisiones de Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego y también Chaco (con pagos tres pagos mensuales para la luz y el agua del verano) de ofrecer financiación en cuotas antes de que la realidad de los bolsillos flacos degrade a sus históricamente buenos clientes en unos usuarios morosos. O en algo peor, enganchados.

En el ámbito de los servicios públicos, como en otros de la sociedad, no es sencillo recuperar a sectores que caen en la condición de deudores crónicos. Y más a quienes delinquen al hurtar energía eléctrica, por el móvil o la excusa que fuera.

En medio del panorama cambiante, de fuertes tensiones en el ámbito de las prestaciones monopólicas de los servicios públicos, los números de la morosidad le darán o no la razón a la EPE. No otorgar cuotas mientras se pueda, parece ser la consigna de la medida. Pero todo es provisorio en un contexto económico y social complejo.

Fallo para no fallar

Siempre es conveniente recordar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2016 que atenuó el tarifazo del gobierno de Mauricio Macri. Impuso lo que hoy se rechaza en la Casa Rosada: gradualismo en el ajuste de las tarifas.

En pocas palabras, la justicia advirtió que «el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ‘confiscatoria’, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar, sin dejar de tener en cuenta que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al financiamiento y, por vía de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio».

Frente a esa definición que la propia Corte ofrece como síntesis en su página oficial: ¿Es necesario recordar los términos del deterioro de los ingresos y de los salarios en el último medio año? ¿Tan diferente puede ser la situación social y económica de los santafesinos respecto de la de los cordobeses? ¿Son ya tan módicas las tasas de interés de los pagos en hasta dos años para los morosos que desde hace décadas tiene la EPE? ¿Conviene empujar eventualmente a bastos sectores a quedar en rojo en el pago de las boletas y acordar convenios?

De acuerdo con los números oficiales de la segmentación tarifaria, apenas el 15% de los hogares en la provincia de Santa Fe se autopercibe como de ingresos medios a la hora de solicitar la continuidad de los subsidios nacionales en energía eléctrica (N3). Y el dato es de fines de 2023, antes de la mega devaluación y el tobogán al que ha sometido a los salarios el actual gobierno nacional, con un deterioro frente a la inflación aún más pronunciado que en la gestión anterior.

En aquel formulario por internet que debieron completar los usuarios de la electricidad, el 50,5% no dudó en calificarse como de «ingresos bajos» para que siga la ayuda estatal nacional. El trámite tuvo el carácter de una declaración jurada y significó, entre otros efectos, sumarse a la prohibición de comprar hasta 200 dólares mensuales al valor oficial en el sistema bancario que por entonces era muy conveniente frente al «blue», hoy «libre».

Está claro que hasta ahora, los pagos que la maltrecha clase media privilegia con cada mala nueva en el buzón o bajo la puerta de entrada tienen nombre y apellido: lo primero que se paga es el gas y la luz, y otros servicios prestados por empresas privadas en comunicaciones que se sabe que van a cortar por falta de pago. Luego van las tasas municipales y contribuciones provinciales vinculadas a los inmuebles. Mientras esas conductas se mantengan la EPE habrá tomado la decisión correcta. Eso sí, a la fidelidad de los buenos clientes se la debería cuidar mejor con ejemplos concretos de que por fin se aplica la palabra que se propuso instalar la actual gestión: «eficiencia».

LR

Fuente: El Litoral