La Resolución 187 publicada en el Boletín Oficial, que usó términos considerados discriminatorios y ofensivos, como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, para referirse a distintos grados de discapacidad, generó enojo y rechazo en la comunidad médica y en el ámbito de las asociaciones de personas con discapacidad.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuestionó la falta de actualización en la documentación emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la ausencia de un enfoque acorde a las normativas internacionales. “Si necesitan un baremo para evaluar la incapacidad laboral, deberían buscar uno que esté adecuado o elaborar una documentación con concepciones actualizadas”, enfatizó.

Por su parte, Marcelo Cetkovich, jefe del Departamento de Psiquiatría y director médico de Ineco, calificó la normativa como “retrógrada y estigmatizante”, y advirtió que el uso de terminología desactualizada “interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad”.

Mientras que Hugo Cohen, psiquiatra y exasesor en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud entre 2000 y 2015, sostuvo que “las categorías anteriormente utilizadas han quedado abolidas” y que el lenguaje debe ajustarse a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad.

El texto decía: “Retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Pero con el crecimiento y las exigencias sociales las personas que lo padecen deben suplir sus carencias con elementos sustitutivos a veces de la personalidad y se tornan trastornos también cualitativos. La comprobación de una dificultad práctica para conducirse autónomamente en la vida, junto con el estudio de las funciones, permitirá bosquejar el perfil del individuo. Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal”.

La Andis informó que finalmente va a modificar la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado.

Ante la reacción generalizada, la entidad aclaró que la publicación de estos términos fue un error y negó que haya habido intención discriminatoria. “Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron desde el organismo, señalando que estos términos eran empleados históricamente en la medicina psiquiátrica, pero han sido discontinuados debido a su carácter peyorativo.

Desde Andis aseguraron que la resolución será modificada para adecuarse a los estándares médicos y normativos vigentes. “La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)”, indicaron. Además, aclararon que esta corrección no afectará los criterios de evaluación del baremo.

Por último, el organismo reafirmó su compromiso con un sistema de evaluación “justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas”, asegurando que las pensiones no contributivas por invalidez laboral continuarán otorgándose a quienes realmente las necesiten.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el abogado Diego Orlando Spagnuolo, confirmó en la red social X que “las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis”.

En un posteo anterior, había escrito: “En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial. Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta. La Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales. Por último, ya se inició una investigación interna para determinar la o las personas responsables de esto y avanzar con su desvinculación, asegurando así que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.

Obsoleta

El anuncio de la resolución generó un fuerte rechazo por parte de especialistas en salud mental, quienes cuestionaron la utilización de terminología obsoleta y la falta de actualización de los criterios empleados en la normativa.

Cohen, enfatizó que la terminología utilizada en relación con la discapacidad debe ajustarse a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. “De lo que se habla en la convención de referencia es de personas con discapacidad y punto”, afirmó.

Y subrayó que las categorías anteriormente utilizadas han quedado abolidas. También destacó que el uso adecuado del lenguaje es fundamental para combatir el prejuicio, el estigma y la discriminación.

Por su parte, Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, explicó que el criterio actual para referirse a la discapacidad intelectual ha evolucionado significativamente hacia una terminología más precisa y respetuosa.

“Actualmente, se utiliza el término Discapacidad Intelectual (DI), y su clasificación se basa en el DSM-5 y la CIE-11, con un enfoque centrado en el impacto funcional más que en un número de coeficiente intelectual”, detalló.

También recordó que la discapacidad intelectual se evalúa en función de sus efectos en la comunicación, la autonomía y el desempeño en la vida diaria, y que la terminología obsoleta ha sido eliminada precisamente para evitar la estigmatización.

Cetkovich,fue contundente al calificar la normativa como “retrógrada y estigmatizante”. “La terminología empleada hace uso de términos que la medicina dejó de utilizar hace tiempo”, afirmó, y agregó que estas clasificaciones provienen de terminología utilizada en Francia a principios del siglo XX, pero que en la actualidad han adquirido un carácter peyorativo, “cercano al insulto”.

Además, alertó sobre la gravedad de que un documento oficial emplee un lenguaje desactualizado y discriminatorio, lo que, a su juicio, evidencia “falta de idoneidad, experiencia y conocimiento actualizado por parte de quienes redactaron la normativa”.

Cetkovich también advirtió que perseverar en el uso de términos desactualizados no solo perpetúa prejuicios, sino que también interfiere con la inclusión de las personas afectadas en la sociedad. “El uso de una terminología tan desactualizada resulta preocupante, ya que interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvo.

“La adecuación de las normativas, el lenguaje y la concepción que está detrás de los documentos tiene que adaptarse a la nueva visión que se tiene sobre las personas con discapacidad”, concluyó Molero.

Horacio Joffre Galibert, fundador y presidente de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (Apadea) y de la Federación Argentina de Autismo, es padre de ocho hijos, entre ellos Ignacio, quien tiene autismo severo.

“Es un error garrafal. Llama la atención que el organismo rector de la discapacidad en la Argentina cometa este tipo de furcios. Es muy indignante: en lugar de desarrollar políticas públicas que garanticen la dignidad, surgen estas cuestiones. La Argentina lidera un posicionamiento de avanzada en estos temas, y ahora nos están llamando desde muchos países para entender qué ocurrió”, lamentó.