Los inversores estratégicos en la concursada Vicentin SAIC extendieron su compromiso de mantener activas las plantas de producción, mientras se resuelve el concurso de la empresa. ACA, Viterra y Bunge extendieron hasta el 27 de enero su compromiso con contratos «a fazon», que sostiene el pago de salarios y puestos de trabajo, tal como lo vienen haciendo.

El juez Fabián Lorenzini, en el marco del concurso que se lleva adelante en su despacho del Juzgado N°2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, recibió en las últimas horas dos informes de consultoría que despejarían las sospechas y denuncias de abusos, en la propuesta de pago de Vicentin a los acreedores, tal como lo denunciara una minoría que no convalidó el acuerdo alcanzado pero aún sin homologar.

Fuentes cercanas al expediente adelantaron a El Litoral que las dos consultoras que actuaron a pedido del juez -BA Advisors investment banking y SMS Buenos Aires- determinaron que la empresa vale 25% menos de lo que fue ponderada al momento de la oferta de pago.

Además los síndicos elevaron al magistrado un análisis según el cual la oferta de pago alcanzaría al 34,6% del monto de la quiebra, lo que en el plano concursal -y por la magnitud y complejidad del expediente- es considerado una referencia habitual para este tipo de casos.

Lorenzini había pedido los informes para determinar «el valor actual y nominal de la propuesta, las condiciones y formas de pago ofrecidas y el valor de realización de los activos de la sociedad concursada, a los fines de ponderar un eventual dividendo de liquidación falencial en diversos escenarios que podrían devenir conforme lo establece la ley concursal».

Desde Rosario

Por otra parte el juez penal rosarino Hernán Postma dejó trascender un escrito según el cual recuerda que desde diciembre de 2020 está vigente una cautelar que impide disponer activos de Vicentin y sugiere que si eso sucede en el marco del acuerdo concursal -que prevé vender bienes para pagar a los acreedores- ello «comporta la violación de una orden judicial».

Para los asesores letrados de Vicentin, el enunciado del magistrado rosarino «no es vinculante». En cualquier caso, Postman señaló en su escrito que «todos los actos procesales» en orden al acuerdo con los acreedores «comportan la violación» de su cautelar. Algo que no le ha impedido a Lorenzini, avanzar en tales actos y en el acuerdo ya alcanzado. Pero falta la decisiva homologación.

Cabe recordar que incluso como querellantes en la causa penal contra el directorio de Vicentin que precipitó el default por unos US$1573 millones, los bancos internacionales acreedores le pidieron a la justicia santafesina que se permita avanzar con el concurso para evitar más perjuicios en la actividad de la empresa y en su horizonte de rescate. Eso sin perjuicio de las responsabilidades penales del caso.

La controversia ya había sido planteada cuando parte de los querellantes le solicitaron a la Corte que le saque el expediente a Lorenzini. El máximo tribunal avaló al juez de Reconquista, pero tanto Rafael Gutiérrez -por entonces presidente del cuerpo- como Daniel Erbetta, hoy al frente del tribunal, formularon advertencias en el caso.

En su voto, Gutiérrez señaló que «las medidas cautelares deben ser consideradas por el juez del concurso, a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo». El magistrado advirtió además sobre la necesidad de tutelar las fuentes de trabajo, cosa que el acuerdo garantiza pero que el cram down impediría.

Erbetta advirtió a su turno que «las eventuales controversial» entre las cautelares y el concurso «deben dirimirse y agotarse» en sede penal, es decir que a su criterio prevalece la rama del derecho en la que es especialista.