A pocos días de iniciadas las reuniones en las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, las organizaciones integrantes de Infancia en Deuda, dedicadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, solicitan el tratamiento de los proyectos de ley sobre licencias para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de nuestro país, independientemente de su condición laboral. Niñas y niños tienen derecho a recibir cuidado y sus familias tienen el derecho a poder brindarlo.

Las organizaciones integrantes de Infancia en Deuda (Aldeas Infantiles, La Poderosa, CIPPEC, ELA, Pata Pila, ACIJ, Fundación Kaleidos, Fundación Sur Argentina, Haciendo Camino y la FEIM) reclaman que el Estado debe asegurarlos respetando principios de igualdad y no discriminación.

Por ello, es fundamental que, además de quienes tienen empleos registrados, se establezcan pisos mínimos de acceso a la licencia para quienes trabajan en la informalidad, por cuenta propia y para autónomas/os, plantean las mencionadas organizaciones.

En términos de tiempos de cuidado, existen grandes disparidades según el régimen laboral y las condiciones socioeconómicas del hogar. La falta de acceso a cualquier tipo de licencias por fuera del empleo registrado deja sin protección a cientos de miles de niñas y niños que integran estas familias.

El sector privado (Ley 20.744) mantiene un esquema de licencias que reproduce roles de género tradicionales y estereotipados, limitando la participación de los varones en el cuidado y el derecho de niños y niñas a ser cuidados por ambas/os progenitoras/es.

Además, es una ley que no considera las diversas conformaciones familiares y no reconoce licencias en casos de adopción, de progenitoras/es no gestantes, ni extensiones para niñas y niños con discapacidad. La única excepción es la Ley 24.716 que reconoce el derecho a una licencia especial para trabajadoras en relación de dependencia que sean madres de niñas o niños con síndrome de down.

Una reforma integral del esquema de licencias laborales es fundamental para garantizar los derechos de niñas y niños de recibir cuidados de todas aquellas personas que ejercen la responsabilidad parental, contribuye a la reducción de las brechas de género -dado que los cuidados no remunerados dentro del hogar son un factor fundamental en la feminización de la pobreza-, y fomenta la posibilidad de un desarrollo económico inclusivo, aseguran.

De esta manera, responde también a la obligación del Estado de asegurar políticas, programas y asistencia para que las y los progenitores cumplan, en igualdad de condiciones, con sus responsabilidades familiares (conforme la Convención sobre los Derechos del Niño -art. 75 inc. 22 Constitución Nacional- y la Ley N. 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

En la actualidad, afirman, el acceso al derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes se encuentra condicionado por las condiciones socioeconómicas del hogar en el que nacen, el tipo de trabajo que tienen sus progenitoras/es, el lugar de residencia, la oferta de servicios de cuidado infantil que existe en la localidad de residencia y las características del servicio que ofrecen, entre otras cuestiones. Esta realidad vulnera los derechos de niñas y niños a recibir los cuidados adecuados para su desarrollo pleno.

Valoramos los avances realizados para abrir el debate parlamentario y promovemos la sanción de una norma respetuosa de la diversidad de conformaciones familiares, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes, concluyen.