El aumento se da comparado con el 2021. Por otra parte, al 31 de diciembre de 2022, 56% de las personas detenidas en la provincia tenían condena firme, mientras que en 2021 había sido del 55%. Leé el informe completo con todos los datos.

Acuerdo político-institucional

El Fiscal General reiteró “la necesidad de un acuerdo político–institucional de los tres poderes del Estado que permita sentar las bases de un plan provincial de política criminal en el que se establezcan estrategias claras y a largo plazo para combatir el delito”.

“No se puede desconocer que los indicadores de inseguridad y de violencia social que ostenta la provincia de Santa Fe plantean un alerta innegable”, afirmó Baclini. “Urge intentar revertir algunos focos problemáticos que, en este momento histórico, tienen su epicentro en los grandes centros urbanos de la provincia, fundamentalmente, en Rosario”, puntualizó.

“Aunque la prevención no es tarea del MPA, hemos asumido el compromiso y la obligación de participar activamente en las distintas instancias de articulación institucional que se convoquen para afrontar la grave situación actual”, indicó.

En cuanto a lo que el plan estratégico debería contemplar, Baclini mencionó “el control de las armas de fuego; el acompañamiento de las víctimas y testigos de violencia altamente lesiva y la ampliación de recursos institucionales para su asistencia y protección; el abordaje de los delitos dolosos relacionados al lavado de activos; el fortalecimiento de unidades fiscales del MPA y de las áreas de investigación, tecnología y criminalística, y el replanteo del actual sistema penitenciario”.

Profesionalización de la investigación

“A raíz de la cesión del Ministerio de Seguridad de la provincia al MPA de los laboratorios biológicos, comenzamos a administrarlos”, recordó Baclini e hizo hincapié en que “en la actualidad, tenemos tres laboratorios”. Uno está en el ex Batallón de Comunicaciones de Rosario, otro en las instalaciones del ex Liceo Militar ubicado en el límite entre las ciudades de Santa Fe y Recreo y el tercero, en un inmueble alquilado en Rafaela.

A su vez, informó que “están avanzadas las gestiones para instalar laboratorios en Reconquista y Venado Tuerto”.

También resaltó que “a partir de inversiones propias y de vinculación institucional con municipios y comunas, las actividades del MPA se desarrollan en 35 espacios”.

Cinco dependencias están en edificios del Poder Judicial santafesino (Rosario; Villa Constitución; San Cristóbal; Reconquista y Rufino); 10 en espacios cedidos o compartidos por municipalidades y comunas (Las Parejas; Villa Gobernador Gálvez; Totoras; Roldán; Funes; Firmat; Villa Ocampo; Avellaneda; Frontera y Las Toscas) y los 20 restantes, en inmuebles alquilados. Además, funciona un sistema de atención y asistencia rotativa del MPA en el departamento Constitución.

Baclini detalló que “proyectamos la instalación de dependencias en las localidades de Helvecia (departamento Garay); Sunchales (departamento Castellanos); Ceres (departamento San Cristóbal); Las Rosas (departamento Belgrano) y San Genaro (departamento San Jerónimo)”, y adelantó que “el viernes se inaugurará la Unidad Fiscal Firmat”.

Algunos indicadores

En el Informe de Gestión se especifica que en 2022 iniciaron 263.172 investigaciones, por lo que se registró la mayor cantidad de legajos creados en un año desde la puesta en funcionamiento del MPA.

En total, entre el 10 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre del año pasado se confeccionaron 2.022.344 legajos. De ese número, en el 49,7% de los casos hubo al menos una persona identificada como autora del delito investigado.

Por otra parte, en el documento se contabilizan más de 25.000 audiencias de primera instancia y más de 1.900 de segunda instancia que tuvieron lugar en sedes de las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) de la provincia durante 2022.

Desde el inicio del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, se realizaron más de 184.000 audiencias, sólo contando las llevadas a cabo en sedes judiciales.

También, el Informe de Gestión apunta que el año pasado se desarrollaron 303 juicios orales en el territorio santafesino, cifra que asciende a 1.427 si se consideran todos los del período comprendido entre 2014 y 2022.

En relación a las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y en comisarías de la provincia, en el documento se observa que en 2022 hubo un incremento del 13,1% respecto de 2021.

Por otra parte, al igual que en 2021, la cantidad de personas detenidas con condena supera a las detenidas sin condena. Al 31 de diciembre de 2022, 56% de las personas detenidas en la provincia tenían condena firme, mientras que en 2021 había sido de 55%.

En el Informe de Gestión se precisa que, durante 2022, casi cuatro de cada diez personas privadas de su libertad en las cárceles santafesinas contaban con la calificación penal “robo” entre los delitos que justificaban su situación. Siguen en cantidad quienes estaban detenidos por “homicidio doloso” y por algún ilícito contra la integridad sexual.