En una entrevista concedida al programa «Punto de Partida» en Marcelo Radio, Fernanda Gómez Odetto y Marcelo Rocca, referentes de la institución ALPI Rafaela, manifestaron su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en todo el país.

El congelamiento de aranceles, los retrasos en los pagos y la falta de respuestas del Estado han puesto en jaque la sostenibilidad de los servicios y el acceso a derechos fundamentales.

“La situación es dramática. Los salarios están congelados, y las prestaciones se pagan con valores que se encuentran un 73% por debajo de lo que deberían”, expresó Fernanda Gómez Odetto, directora de ALPI.

Desde la organización explicaron que las prestaciones están reguladas por el nomenclador nacional de la Ley 24.901, vigente desde 1997, que establece un marco para garantizar la atención a personas con discapacidad, sin importar su cobertura. Sin embargo, según Gómez Odetto, “el año pasado se ajustó muy por debajo de la inflación y en lo que va del 2024 no hubo ningún aumento”.

Además del desfasaje en los valores, Rocca remarcó: “Estamos atendiendo hoy lo que vamos a cobrar, con suerte, en octubre o noviembre. Y eso cuando se logra la autorización de las obras sociales, que muchas veces ni siquiera se consigue”. También advirtió que se ha vuelto extremadamente costoso sostener las instituciones debido a la quita de subsidios en servicios básicos como luz y gas.

En Rafaela, ALPI enfrenta serias dificultades para mantener prestaciones esenciales. “El servicio de transporte que brindamos genera pérdida, pero lo sostenemos por compromiso con la comunidad. Si no lo hacemos, los pacientes no tienen cómo llegar”, detalló Gómez Odetto.

La situación se replica en otras instituciones de la ciudad. “Los centros de día no pueden garantizar el almuerzo a los usuarios. Es algo insostenible”, denunció Rocca. A esto se suma la creciente judicialización de tratamientos, medicamentos o insumos básicos que no son autorizados por las obras sociales.

Los referentes remarcaron la importancia de visibilizar la problemática y anunciaron una movilización que se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo. “Es una convocatoria nacional. En Rafaela, será este miércoles a las 17 horas. Invitamos a la comunidad a sumarse con linternas o luces para simbolizar que queremos encender una luz sobre la discapacidad, hoy sumida en la oscuridad”, indicaron.

“¿Quién cuida a los que cuidan?”, fue la consigna que resonó durante la entrevista. “Nuestros trabajos no terminan en la sesión. Hay informes, reuniones, seguimiento fuera de horario, y todo esto no está reconocido. Necesitamos un valor digno para poder sostenernos”, remarcó Gómez Odetto.

La situación de emergencia llevó a que se postergue el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estaba prevista para la última semana de mayo en el Congreso. “Una vez más, la discapacidad es la variable de ajuste. Pero esto no solo nos afecta a los profesionales, sino principalmente a las personas con discapacidad y sus familias”, concluyeron.