El viernes, la provincia pagará el 22,4% adeudado de la última paritaria cerrada por la gestión de Omar Perotti y en los últimos días dictó cinco decretos para determinar los alcances de esa política salarial para el sector público. Uno de esos decretos, fija los haberes mínimos previsionales con retroactividad al 1 de febrero en $ 260.073,85 para jubilados y en $ 195.059,39 para pensionados. A diferencia de beneficiarios de Anses donde la mayoría cobran el haber mínimo, en la provincia son la minoría los que tienen el piso. A noviembre eran apenas 1397 jubilados y 1920 pensionados, según la información disponible en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Los cinco decretos publicados en el Boletín Oficial fijan los nuevos valores salariales para la administración central, viales, profesionales universitarios de la salud, docentes, policía, servicio penitenciario e Iapip.

Hoy martes , el gobierno se volverá a sentar con los gremios docentes en la mesa paritaria del sector mientras otros sectores como los estatales vienen reclamando la convocatoria respectiva que se concretaría en días más.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, informó que «el Gobierno provincial, en un contexto de muchas dificultades y con un gran esfuerzo», va a abonar el viernes 15 de marzo por planilla complementaria el 22,4 % que sumado al 14 % de aumento en febrero, salda el compromiso adeudado por la gestión anterior del 36,4 %. De esta manera se completa un 215 % de aumento durante el 2023, contrastando con la caída de los recursos provinciales, cuyos ingresos fueron apenas del 123%».

Olivares destacó que «este aumento otorgado por la anterior gestión y que le tocó asumir a la actual gestión, significa un impacto presupuestario de casi $ 800.000 millones, todo esto en un contexto macroeconómico nacional de ajuste y de poca previsibilidad, que afectan directamente las arcas provinciales».

El ministro de Economía recordó que el objetivo de la actual gestión «es defender el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, meta que se irá cumpliendo a medida de los ingresos que la Provincia vaya obteniendo mes a mes».

El Gobierno Provincial recordó que cerró 2023 con un déficit de $ 131.111.688.114. Los gastos corrientes (134,7 %) crecieron por sobre los recursos corrientes (117,8 %), es decir se gastó más de lo que ingresó. Esto implicó que en el resultado económico, el ahorro corriente -diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes- cayera un 42,7 % en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la desvalorización por inflación.

«De cada $ 100 de recursos que en 2023 recaudó el Estado Provincial consumió $ 97,63 para hacer funcionar el Estado y pudo ahorrar solo $ 2,37 para financiar la inversión» precisó el ministro. El informe oficial señala que en materia de gastos, en 2023 apenas un 7,5% fueron destinados a Gastos de Capital, como obras, rutas, arreglo de patrulleros, ambulancias, equipamiento, etc, y se encuentra entre los niveles más bajos de los últimos 30 años.

Ese 7,5 % de gasto de capital fue financiado apenas un 29,7 % por el ahorro (proveniente de la diferencia entre los gastos e ingresos corrientes), un 8,7% por recursos de capital (la venta de bienes de capital del Estado o el ingreso de recursos por parte de leyes o convenios) y la parte mayoritaria (61,6%) con deuda.

Así el decreto 0227 que fija la política para la administración central y otros organismos determina que desde febrero «ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria N.º 10.052 y sus modificatorias, percibirá un salario de bolsillo menor a la suma de $346.542,00, previo descuentos de ley, y mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados».

Por el mencionado decreto se fijan los haberes al personal comprendido en los Escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83; personal de la API y del Servicio de Catastro e Información Territorial; de Fiscalía de Estado; personal de Talleres Gráficos Provinciales, y pertenecientes al Escalafón «Convenio 113/1994 — E» dependiente de la Administración Central.

Comprende además el decreto los nuevos topes mínimos y máximos dispuestos por la compensación mensual «Falla de Caja» entre un mínimo de $ 12.572,35 y un máximo de $ 53.839,13. El valor de los viáticos quedó establecido en $ 35,459.

El decreto 0228 tiene alcances sobre el personal comprendido en el Escalafón Convenio 572/09 de Trabajadores Viales, a los que también les garantiza un piso de $ 346.542,00.

El siguiente decreto fija los nuevos montos de los profesionales universitarios de la salud que incluye a los auditores de IAPOS. Por ejemplo determina que el suplemento denominado «Diagnóstico y Tratamiento Médico», tendrá un valor hora de $ 2.017,3728 con un tope mensual de $ 48.418. También incrementa el valor de los suplementos de carácter no remunerativo y no bonificable denominados «Director de Hospital» y «Subdirector de Hospital», llevándolo a $ 96.834.

El decreto 0230 fija los montos para la política salarial docente con una serie de contenidos específicos y de acuerdo a cada categoría en que se desempeñan los educadores.

En el decreto 0231 están fijados los montos para el personal policial, penitenciario y de IAPIP. Así los haberes básicos para el director general de Policía y el Inspector General del Servicio Penitenciario fue determinado en $ 601.012,16 mientras que la categoría mínima (suboficial y subayudante, respectivamente) es de $62.870,69.

En las tres instituciones, el haber mínimo de bolsillo no podrá ser inferior a $ 394.732,58.

A noviembre último, 76.425 jubilados cobraban el beneficio de la Caja provincial con un haber promedio de % 571.503. El promedio más bajo era percibido por pasivos de municipios y comunas con $ 376.032 mientras que el superior es de pasivos del Poder Legislativo con 1.906.594. Entre los primeros había 4.559 beneficiarios y entre los segundos, apenas 584.

La pensión promedio fue de $ 335.060, siendo la inferior la de municipios y comunas con $187.083 y la superior la del Poder Judicial con $ 1.203.156.

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles en el Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución. El grupo de trabajo que encabeza el socialista Joaquín Blanco fue convocado desde las 9 y el objetivo central es analizar la situación de los trabajadores de Acindar, empresa que resolvió paralizar las actividades durante un mes.

Al encuentro han sido invitados representantes de los trabajadores, de la UOM de Villa Constitución así como la comunidad de esa zona del sur santafesino.

MC

Fuente: El Litoral