En los últimos dos años, el Estado asistió a más de mil víctimas de violencia de género por mes tras sufrir distintos tipos de agresiones, que en un 80% fueron efectuadas por exparejas, según datos del Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg).

En una cuenta realizada en base al total de su población, las provincias de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género, informó Télam.

«Nos impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo. Eso nos facilita el abordaje de los casos», dijo a Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Los datos del Sicvg están dispuestos en un tablero con la información diferenciada por provincias y por fecha de personas asistidas, las características principales de las situaciones de violencia y de los agresores, como así también del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD).

El informe precisó que entre junio de 2021 y junio de 2023 se atendieron 24.119 personas – más de 1.000 por mes – y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento.

La provincia de Santiago del Estero presentó la mayor cantidad de personas asistidas por el PAD, con un total de 2.827 (un 11,7% del total), seguida por Mendoza con 2.486; Misiones, 2.209 y la provincia de Buenos Aires donde fueron asistidas 2.075 personas.

💜 A dos años de la creación del Programa Acercar Derechos (PAD), realizamos el III Encuentro Federal con las coordinadoras de los equipos provinciales.

Compartimos avances y desafíos por delante para seguir construyendo una Argentina libre de violencias de género. ¡Mirá! 👇 pic.twitter.com/0c4jO9J0NO

— Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) June 9, 2023

La provincia que tuvo el porcentaje más alto de asistencias en base al total de su población fue Tierra del Fuego (0,79%), y le siguieron Santiago del Estero (0,27%) y La Rioja (0,17%). Mientras, las que registraron el porcentaje más bajo fueron Buenos Aires (0,01%), Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde se asistieron a 1.312 personas, lo que equivale al 0,04% de su población.

«Argentina es muy diversa y eso hace que cada provincia tenga su forma de trabajar. La realidad territorial de género en cada una de las provincias y municipios hace a la variación de números», explicó la funcionaria.

Los datos muestran que el 28,6% de las víctimas presentaron un «nivel de riesgo altísimo» al momento de la asistencia, y en este sentido, el 23,7% de las personas agresoras tenían antecedentes de violación de medidas de restricción, mientras el 14,2% contaba con acceso a armas de fuego.

En cuanto a las características de los agresores, el 95,1% fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.

En cuanto a tipos de violencias ejercidas, la violencia doméstica fue la más frecuente (94,8%), frente a la institucional (2,2%) y la laboral (1,7%); y la conducta violenta más repetida fue la violencia psicológica (88,9%), seguida de la física (82,2%), económica y patrimonial (62,3%), simbólica (37,2%), ambiental – cuando la agresión se dirige a elementos del ambiente como golpear una mesa o una pared y no directamente a las personas – (32,2%) y sexual (23,4%).

Con respecto a las condiciones de las víctimas, el 96,6% fueron mujeres de entre 18 y 59 años. El 8,8% del total de víctimas (2.122 personas) nacieron en otro país, mientras 554 eran indígenas, 337 tenían discapacidad, 313 eran refugiadas, 192 se encontraban en conflicto con la ley penal, 144 estaban en situación de trata y 72 eran afrodescendientes, mientras el 1,2% era lesbiana, 1,1% gay y 0,9% bisexual.

En relación a su situación económica, lo cual está relacionado con la posibilidad de salir o no de una situación de violencia, solo el 38% tenía declarada actividad remunerada, mientras un 41% residía en una vivienda prestada o cedida y el 8,4% en una alquilada con de la persona agresora.

Del total de personas asistidas, el 30,6% recibió medidas de protección, como prohibición de acercamiento (49,4%), exclusión del agresor de la residencia común (21,6%), botón antipánico (15,7%), medidas de seguridad en el domicilio (7,6%), restitución de bienes y efectos personales (3,5%) y secuestro de armas en poder del agresor (2,5%).

A su vez, fueron asistidas con intervención estatal un 45,6%, siendo la policial la intervención más frecuente (50,1%), seguida de la judicial (55,5%), centros de salud (27,4%) y dispositivos territoriales de protección (4,7%).