Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos reformar la Ley de Alquileres, de modo tal que el plazo de duración de los contratos vuelve a ser de dos años y la actualización de los precios será cada cuatro meses.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, de Identidad Bonaerense, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.

El intento fallido opositor de derogar la ley se debió a la imposibilidad de reunir las dos terceras partes de los votos requeridos para habilitar sobre tablas el tratamiento de los expedientes sin dictamen: fueron 124 votos a favor y 110 votaron en contra.

Luego de este paso el falso, se pasó a votar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero fue rechazado. El oficialismo proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.

La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

«Legislar es proteger al más débil y eso es lo que tenemos que hacer», expresó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, criticando el dictamen de minoría por dejar el precio del alquiler al libre arbitrio de las partes, donde habitualmente se impone el más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también incorpora una serie de estímulos fiscales para locadores, tal cual explica uno de sus autores, Alejandro Cacace (Evolución Radical): «Como todos reconocen que hay una retracción de la oferta de propiedades en alquiler, damos incentivos fiscales, ventajas impositivas en el monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y distintos mecanismo para que se pongan más propiedades en alquiler».

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño advirtió que «una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado». Por su parte, Pablo Tonelli (PRO) aseguró que lo necesario para «recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario es reestablecer el equilibrio» y consideró que eso existía antes de esta ley cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que «el problema es que los cambios que aquí se proponen, ya sea la derogación o lo que está en el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan».

«El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio», protestó la candidata presidencial y referente del PTS.

CR

Fuente: El Litoral