En los últimos años, distintas ciudades argentinas comenzaron a utilizar herramientas digitales para canalizar denuncias ciudadanas sobre infracciones de tránsito y faltas municipales. Se trata de sistemas que permiten a cualquier persona enviar registros fotográficos o videos a través de aplicaciones o plataformas oficiales, agilizando los procesos de control y ampliando el alcance de la fiscalización.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó en 2019 el programa “Denuncia Vial”, una herramienta que permite a los vecinos cargar imágenes de vehículos mal estacionados, obstrucciones de rampas o circulación en contramano. La denuncia es validada por el gobierno porteño y, si cumple los requisitos legales, puede derivar en una multa sin necesidad de intervención directa del personal de tránsito en el momento del hecho.

En Rosario, una experiencia similar se canaliza a través del sistema ROS+, que centraliza reclamos ciudadanos y, entre ellos, permite adjuntar fotos de infracciones como autos estacionados en sendas peatonales o residuos fuera de horario. Si bien la denuncia no reemplaza el rol del inspector, sí facilita la detección de infracciones y optimiza los recursos municipales.

Estas experiencias inspiraron un proyecto presentado recientemente en Rafaela, por la concejal Carla Boidi, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe. La propuesta busca adaptar estas prácticas a nivel local, modificando el Código Municipal de Faltas para habilitar denuncias digitales por parte de cualquier persona, residente o no. El sistema permitiría enviar evidencia visual de situaciones como vehículos en doble fila, residuos en caminos rurales, o abandono de autos en la vía pública.

A diferencia de los sistemas tradicionales de inspección, este modelo propone que las imágenes o videos tomados por los vecinos puedan ser considerados válidos siempre que contengan datos como fecha, hora, ubicación y una breve descripción del hecho. El Departamento Ejecutivo Municipal tendría a su cargo la reglamentación, determinando qué faltas serán alcanzadas por esta modalidad, y asegurando el cumplimiento del debido proceso y la protección de la identidad del denunciante.

En términos operativos, las ciudades que aplicaron este tipo de sistemas lograron aumentar la cantidad de infracciones detectadas, mejorar la eficiencia de los controles y fomentar la participación ciudadana. Si bien la tecnología no reemplaza la labor estatal, sí actúa como un complemento que multiplica las posibilidades de fiscalización.

El desafío en Rafaela será adaptar este modelo de forma eficaz, asegurando que las denuncias digitales no se conviertan en un mecanismo arbitrario, sino en una herramienta al servicio del orden urbano y el cuidado del espacio público, como ya ocurre en otras jurisdicciones del país.