Comenzó el juicio por la muerte de estudiante de periodismo

El juicio oral por la muerte de la estudiante de periodismo de 28 años Emilia Uscamayta Curí, que se ahogó el 1 de enero de 2016 en el marco de una fiesta clandestina en una casaquinta ubicada en La Plata, comenzó hoy en la sede del fuero Penal de la capital bonaerense.

«Lo único que pido es justicia por mi hija. Perder un hijo es el dolor más grande que un ser humano puede sentir», expresó Eugenia Curi, la madre de la víctima, durante la primera de las cinco audiencias en las que se llevará a cabo el debate, que contará con la declaración de un total de 79 testigos.

Emocionada, la mujer recordó que Emilia era la más joven de sus 7 hijos y la describió como «una chica tranquila y estudiosa», a la que le gustaba «compartir el tiempo con sus sobrinos, hermanos o tíos; viajar y trabajar de mesera, vendiendo pan casero o haciendo artesanías para poder costear su carrera».

La muerte de la joven ocurrió en una casaquinta ubicada en la calle 520, entre 159 y 160, en las afueras de ciudad de La Plata, donde se desarrollaba una fiesta privada que no contaba con habilitación municipal y fue difundida en las redes sociales como «La Frontera, el límite lo ponés vos».

Las autoridades municipales labraron actas para que los organizadores no realizaran la fiesta, que en aquella madrugada fue clausurada pero sin desalojo. Según distintos testimonios, en la fiesta no hubo guardavidas, ni asistencia médica y la joven murió ahogada en una piscina donde había muchas personas.

La causa se encuentra radicada en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata y los acusados de «homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades» son los empresarios Carlos Bellone, Raúl «Peque» García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

De acuerdo a la elevación a juicio, Bellone está acusado porque era el dueño de la casaquinta, Piedrabuena y Haramboure como los organizadores de la fiesta clandestina y García –el único de los imputados que llega al juicio detenido en el marco de una casusa por delitos sexuales– por ser quien consiguió las bebidas alcohólicas que se consumieron aquella noche.

En la causa, los empresarios imputados son juzgados por el delito de «homicidio simple con dolo eventual y desobediencia», de acuerdo con la acusación que hizo la fiscal penal Ana Medina en la instrucción de la causa. También debería ser juzgado el comisario Daniel Piqué, que en ese momento estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La acusación oficial está en manos de la fiscal Silvina Langone, mientras que los abogados que representan a la familia de la joven son Ignacio Fernández Camillo y Adrián Rodríguez Antinao.

En tanto, las defensas están a cargo de los abogados Marcelo Peña (Haramboure), Alejandro Montone y Juan Di Nardo (Piedrabuena), Alfredo Gastón y Miguel Molina (Bellone y García).

«Siete años esperamos y hoy llegó el día que tanto queríamos, hoy me tocó contar la historia de Emilia, quién era y cómo en dos horas se fue su vida en una fiesta que no tenia que hacerse», expresó Eugenia y agregó: «Confío y tengo fe en que esto saldrá, tienen que condenar a los empresarios».

En su relato, la mujer contó que la noche del 31 de diciembre de 2016 cenó junto a sus hijos y su marido, y después de brindar, todos se fueron a lo de otro de sus hijos. «A las 3 de la mañana, Emilia y su hermano Christian se fueron a una fiesta. Como a las 7 llegaron y se cambiaron, se pusieron shorts. Nos dijeron que se iban a la pileta y nosotros nos quedamos tomando mate, hasta que a las 11 de la mañana me fui a fijar si habían llegado», describió Eugenia.

Sostuvo que «estaba solo mi hijo Christian, me dijo que Emilia se quedó en la pileta y que ya venía, pero yo le pedí que fuera a buscarla» y añadió que «cuando iba para allá, en la vereda ya venía la policía a avisarnos que mi hija se había ahogado y estaba muerta. No lo podía creer. Era mi hija. En dos horas pasó todo».

Luego, la fiscal Langone describió que «los cuatro acusados organizaron una fiesta sin habilitación» y aseguró que a pesar de haber sido intimados dos veces, el 30 y el 31 de diciembre, por la municipalidad, decidieron «hacer el evento sin cumplir con los recaudos previstos por ley».

Rememoró en ese marco que «se hizo la fiesta el 1° de enero con masiva concurrencia, la Municipalidad clausuró el evento, pero la fiesta continuó» y manifestó que «los organizadores no ignoraban los riesgos: sabían que los asistentes eran adolescentes y se vendió alcohol no autorizado».

Asimismo, explicó que en el predio donde se desarrolló la fiesta «había una gran pileta, lo que implicaba una fuente de peligro» y aseveró que «se permitió que se usara sin tomar recaudos para garantizar la salud y la integridad de las personas, no se contrató médicos, ambulancias, ni guardavidas y se dejó todo librado a la suerte«.

«En ese contexto, se produjo el deceso de Emilia. Personal vinculada al evento sin capacitación intentó hacer maniobras de resucitación y luego del hecho la llevaron al hospital donde ingresó fallecida», precisó.

En la audiencia, en la que también declararon los primeros policías que arribaron al lugar tras el fallecimiento de la joven, estuvieron presentes Rosa Schonfeld, la madre de Miguel Bru; Nelly Gamboa, la madre de Sandra Ayala Gamboa; el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno; las concejalas peronistas Ana Negrete y Yanina Lamberti; el secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Jorge Jaunarena y la directora de Pueblos Originarios de esa casa de estudios, Zulema Enríquez.

Si bien en la causa estuvo imputado Piqué, acusado del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», la Cámara de Apelaciones dictó su sobreseimiento.

Esa resolución fue recurrida ante Casación bonaerense que confirmó la elevación a juicio oral para el excomisario. En diciembre pasado, la Suprema Corte provincial avaló lo dictaminado en Casación, pero la defensa del exfuncionario puede apelar ante la Corte Suprema.

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