Desde la entidad que nuclea las sociedades rurales de la provincia, reclaman debatir nuevamente la ley sancionada en 2020. Los motivos.

CARSFE es la federación de las instituciones ruralistas de la provincia de Santa Fe. Estas abarcan todo el territorio provincial, y conocen los desafíos y las oportunidades que existen en cada uno de esos lugares, y representan a los empresarios agropecuarios que desarrollan su actividad transformadora.

Desde su lugar, están convencidos de que la actual Ley del Manejo de Fuego no responde a las necesidades actuales y merece un nuevo debate.
El comunicado oficial:

En diciembre de 2020, y a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, limitando el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades diferentes al uso que esos campos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles, en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 años.

Esta modificación nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas.

Cabe recordar que la Ley de Manejo de Fuego data del año 2012, pero los cambios introducidos por el kirchnerismo no separan, entre otros aspectos, un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un sinsentido. De este modo, la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa.

Sin duda alguna, la coyuntura política del momento de la sanción de estas modificaciones dejó al desnudo la incapacidad del Estado para controlar el fuego y de buscar elementos lógicos y aplicables en un tema que merece atención y acción por parte de las autoridades de turno.

En este escenario, y a partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos rever los artículos que conspiran contra la producción y que aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consigue, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen.