El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, llamó a discutir reformas al Código Procesal Penal que permitan agilizar los procedimientos administrativos que siguen a la detención de personas en la vía pública o el secuestro de armas, estupefacientes u otros materiales previamente sustraídos.

«Necesitamos acordar procedimientos ágiles» señaló el integrante del gabinete de Omar Perotti al El Litoral consideró indispensable sumar las nuevas tecnologías. Enseguida da cuenta que tras una requisa exitosa de la policía en la vía pública, el llenado de papeles y la tarea burocrática y hasta llegar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al juzgado federal puede demandar entre 6 y 8 horas. «En los hechos, tenemos ese tiempo una patrulla menos haciendo papeles, buscando testigos y comunicándose con autoridades judiciales. El Código fue redactado en una época en que no existían herramientas tecnológicas como las actuales que nos permitirían mejorar los tiempos y asegurar pruebas» señala con fastidio.

Brilloni admite que lo ideal sería contar ya con notebook en patrulleros para mejorar la tarea pero eso todavía no es material con que cuenten las fuerzas de seguridad en las provincias argentinas ni las federales. «En Estados Unidos ya todos los procedimientos de calles son sin papeles» se entusiasma el ministro que busca la manera de tener mayores hombres en la calle para prevenir y enfrentar el delito sabiendo que el recurso humano es finito.

En la charla con El Litoral detalla todo lo que sigue a un procedimiento que la policía define como exitoso porque o se encontró drogas, armas, algún prófugo judicial o elementos robados. A esto le sigue realizar un acta de procedimiento, con inventario de los elementos encontrados, buscar al menos dos testigos mayores de edad, etc. «En muchos casos de madrugada es imposible encontrar los testigos que nos piden los fiscales o jueces. A esa hora también, en muchas zonas de las grandes ciudades es difícil escribir, leer derechos, etc…cuando con un teléfono celular moderno se podría agilizar todo» subraya. Alerta además que no todos los fiscales o jueces federales responden de la misma manera ante la requisitoria policial. «Algunos piden que les informen desde la seccional policial cuando terminen el procedimiento; otros aceptan la información en tiempo real. Esto también afecta la tarea policial» advierte. No deja de señalar que algunos fiscales se niegan a atender a personal policial desde teléfonos celulares y les exigen que llamen desde un aparato de línea.

Entiende Brilloni que el actual gobierno está en los últimos meses de gestión y que la Legislatura estará semiparalizada hasta septiembre por las elecciones. No obstante considera que es un tema a poner en agenda, la reforma al Código de Procedimientos Penal para ganar tiempo que puede ser esencial tanto para la tarea preventiva como para la judicial. «Imagine un procedimiento positivo en ruta, con la patrulla demorada ese tiempo en el acta, cuántas cosas pueden pasar por al lado del retén policial», se pregunta.

La necesidad de darle validez legal al uso de herramientas tecnológicas debe estar seguida de la formación del recurso humano para la confección de actas de procedimiento y búsqueda de testigos idóneos para validar el operativo. «Lo primero que atacan los abogados defensores de un detenido es el acta de procedimiento» aclara para resaltar la necesidad de buscar un elemento válido para la justicia. Por errores en actas de procedimiento se anularon operativos o se dispuso la libertad de personas detenidas. El ministro deja en claro que en todo acto policial se deben respetar los derechos humanos, las libertades ciudadanas, etc.

Brilloni pone el acento también en la realización de juicios orales que -en la mayoría de los casos- requieren la presencia de policías para declarar. «Imagine que son casos que pasaron años atrás, que en muchos casos el personal se encuentra en otro destino y que tiene que pasar por la sede tribunalicia y perder jornadas enteras. Cuidado que eso genera desánimo en la fuerza» le señala a El Litoral.

El ministro -ex comandante de Gendarmería- considera muy necesario una buena coordinación con el MPA y con la justicia federal para el caso donde personal policial santafesino intervenga en temas de jurisdicción federal. «Todos estos aspectos redundarán en mejorar la tarea preventiva, tarea para la cual estamos desde el Ministerio», destaca.

Uniformes

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, y en el marco de las políticas de gestión en seguridad pública, otorgará durante este mes de agosto una asignación especial para reponer uniformes y equipos de trabajo a todo el personal de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). La asignación alcanza a 27.356 agentes y representa una inversión total de $ 2.723.600.000 millones de pesos.

De acuerdo al Decreto Nº 1540, firmado por el gobernador Omar Perotti el 28 de julio pasado, el suplemento consiste en el pago, por única vez, de $ 100.000 en concepto de una asignación especial no remunerativa, no bonificable y no acumulativa; que exceptúa del pago dispuesto al personal que se encuentra con solicitud de destitución, solicitud de cesantía, retiro voluntario, retiro obligatorio, licencias políticas, licencias excepcionales, pedidos de baja, en situación de disponibilidad y de revista pasiva.