En medio de la incertidumbre que atraviesan padres y organizadores de eventos en Rafaela, el concejal de Unidos, Augusto Rolando, se refirió a la situación generada por los cobros de SADAIC y AADI CAPIF en distintos eventos privados. En una entrevista radial, el edil explicó el alcance del decreto vigente y brindó información para quienes enfrentan intimaciones por derechos de autor.

«Hay mucha incertidumbre y el objetivo de la reunión tuvo que ver con eso, poder explicar un poco de qué trata el decreto y también escuchar en qué situación están los padres», afirmó Rolando, quien reveló que todas las escuelas de la ciudad están atravesando problemas similares a la hora de organizar sus eventos de graduación.

El concejal detalló que el conflicto se originó a partir de una modificación del decreto 765/2008, realizada en agosto de 2024. Este cambio reinterpreta la distinción entre eventos públicos y privados, lo que define quién debe abonar los derechos de autor. «Lo que establece el nuevo decreto es que cuando hay un evento de carácter público, abierto a una diversidad amplia de personas, se deben pagar los derechos de autor. En cambio, si es un evento privado con una lista delimitada de invitados, no corresponde abonar», explicó.

En relación con las acciones que deben tomar quienes reciben reclamos de estas entidades, Rolando fue claro: «Las organizaciones de derechos de autor no tienen la competencia para suspender un evento, eso solo lo puede hacer un juez con una orden judicial». Además, el concejal aclaró que es posible responder las intimaciones mediante una carta documento, y que ha puesto a disposición una carpeta con información legal para respaldar a los afectados.

Otro de los puntos que generó preocupación entre los organizadores es la falta de transparencia en el proceso de cobro. «En algunas ocasiones, las entidades solo reciben el dinero en efectivo, y estamos hablando de montos muy grandes. Esto no solo es inseguro, sino que tampoco hay claridad sobre a dónde van esos fondos», señaló Rolando.

Para finalizar, el concejal destacó que continúa trabajando en la problemática y que ha solicitado un nuevo encuentro con representantes de los salones de eventos para abordar la situación. «La gente puede contactarse conmigo a través de mis redes sociales para recibir información y asesoramiento. Lo importante es que quienes organizan eventos privados sepan que no están obligados a pagar si el decreto no lo exige», concluyó.