La Defensora Provincial, Estrella Moreno Robinson, reivindicó al servicio que encabeza como una garantía del estado de derecho, reclamó «paridad» de recursos con el Ministerio Público de la Acusación y cuestionó el exceso de prisiones preventivas, además del estado de superpoblación y hacinamiento en las cárceles.

«Ustedes pueden ver, tenemos los teléfonos de turno. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona que sea detenida en Santa Fe va a quedarse sin defensa, y eso nos toca garantizar a nosotros. Una tarea que a defensoras y defensores les toca afrontar día a día en un ambiente que no es tan sencillo, porque ustedes saben que por la presión social, la defensa no siempre es bien vista. Entonces, mi gestión va a estar orientada a que se refuerce la estructura de apoyo de los defensores, a que continuemos con las capacitaciones y las profundicemos, a que tengamos un núcleo de peritos a disposición de la defensa, y todo lo que necesiten para dar la mejor defensa. Porque la ley nos obliga a dar una defensa de calidad, y no solo la ley, sino todos los tratados internacionales», añadió.

En ese sentido, remarcó que «un defensor asegura el estado de derecho. El rol del defensor tiene que ver, primero, con cumplir un derecho fundamental de las personas. Y ese derecho, a su vez, hace que funcione la Justicia. Si no hay defensa, el sistema no funciona. Por eso creo que la labor de la Defensa también tiene que ser reflejada, y con algún grado de empatía. Porque además los defensores tienen que cumplir con estándares éticos, que implican por ejemplo que no podríamos jamás llevar un testigo falso ni ofrecer pruebas falsas. Yo creo que eso es importante y quiero que lo tengan en cuenta.

– ¿Cómo está el Servicio Público de Recursos Humanos?

– Estaría medianamente equilibrado con la Fiscalía, pero cuando crecen los recursos de la Fiscalía, no siempre crecen los recursos de la Defensoría. Entonces, lo que siempre hay que garantizar es la igualdad de armas. En este momento hay 16 vacantes que, según tenemos entendido, van a ser cubiertas en breve.

– ¿Cómo ve el tema de la sobrepoblación carcelaria, que marcó muchas veces la gestión anterior, con presentación de recursos de Habeas Corpus?

– Realmente es acuciante. Les puedo decir que cuando empezó el sistema, en 2014, había 135 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes. En 2022, 263. O sea, creció de manera exorbitante. Es una tendencia ascendente que se mantiene en el tiempo. Y esto repercute en las comisarías. Porque fíjense que de fines de 2022 a 2023, hoy en cárceles se sumaron 49 presos. Pero en comisarías, 264. ¿Qué quiere decir? Que más de 8 de cada 10 personas en esta etapa fueron alojadas o están alojadas en comisarías.

Ahora, ¿por qué se produce la sobrepoblación? Quiero decirles que no es un fenómeno argentino, es un fenómeno latinoamericano. Y en nuestra provincia está profundamente relacionado con el nuevo sistema procesal penal. Eso es cierto. Ahora, considero que el número de prisiones preventivas crece de una manera inusitada. Todos los actores del sistema deberían reflexionar sobre el uso de la prisión preventiva. A nuestro modo es abusivo. A nuestro modo de pensar creemos que deberían darse lugar a otro tipo de salidas alternativas a la prisión preventiva.

– ¿Cómo sería esto?

– Cuando se creó el sistema procesal penal nuevo, las bases que tenía era aplicar criterios de oportunidad. Es decir, tratar de conciliar antes de llegar al sistema penal, usar medidas alternativas a la pena como suspensión de juicio a prueba y otros institutos y también no detener a todo el mundo. Y hoy parece que todo pedido de prisión preventiva, sea cual fuere, es admitido por los jueces. Entonces creo que hay que pensar como sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos a todos encarcelados?

– Puerta giratoria no existe. Nadie queda libre. Creo que los índices de personas que quedan en libertad son ínfimos. Eso es lo primero. Ahora, también hay que pensar para qué están las cárceles. En el caso de los que están en prisión preventiva, es para que no entorpezcan el proceso, para que no se fuguen. Hoy en día son casi 44% de la población carcelaria, que es de 9.663 personas, son personas privadas de libertad transitoriamente porque están en prisión preventiva. A veces están hasta tres años esperando que llegue el juicio. Esas personas todavía están con presunción de inocencia, es decir, no se ha comprobado si son culpables o inocentes. Este es un tema que realmente creo que muchas veces se confunde la ciudadanía entre prisión preventiva y condena.

Y respecto de la pena, en nuestra Constitución tiene un objetivo, que es la reinserción. Dice nuestra Constitución que las cárceles serán para seguridad y no para castigo, pero en definitiva lo que sucede es que esas personas, cuando hay sobrepoblación, no reciben ningún tratamiento de reinserción.

– ¿Esto es por efecto de la presión social?

– Creo que tiene mucho que ver. Pero hay que pensarlo desde el resultado que se obtiene. Con ese número de encarcelamientos, no se frenan los delitos que se cometen afuera. Y las medidas alternativas en muchísimos casos son efectivas. Hay que pensar que esas personas, si no cumplen, inmediatamente son detenidas nuevamente. Pero sobre la sobrepoblación les quiero decir que nosotros vamos a continuar con las acciones judiciales, vamos a continuar poniendo el tema en la agenda pública. Porque de alguna manera somos la voz de las personas que están ahí, que sufren un grave deterioro en las condiciones de detención, en las condiciones de salubridad, en las condiciones de alimentación, en todo lo que hace a su vida. Porque ustedes imagínense que una persona privada de libertad está totalmente a disposición de otra persona que es la que decide todo sobre su vida, inclusive sobre sus necesidades más básicas.

Más allá del hacinamiento y con todo lo que esto implica. Nosotros tenemos un equipo que hace visitas, las visitas se están llevando a cabo, se han llevado a cabo en estas últimas semanas, seguimos recogiendo todos los datos. Y tenemos algunos habeas corpus en curso. Vamos a tener la semana que viene una reunión con las autoridades del Ministerio de Seguridad para, siempre pensando también desde el diálogo interinstitucional, ver cómo podemos cambiar esta realidad.